El transporte del interior, en crisis por la indefinición de los subsidios

Cerró enero y el transporte del interior no logró despejar ninguna de las dos incógnitas con las que transitó el arranque de 2022: cuánto dinero van a recibir por subsidios y cuándo ingresarán las primeras partidas para poder afrontar los costos, entre ellos los laborales, que deben cancelar al cierre de esta semana.

Los dos interrogantes son vitales para la gestión de las empresas y suponen un escenario de máxima turbulencia. Pero además, se suma un ingrediente más: ¿el acuerdo anunciado entre el gobierno nacional y el FMI implicará un recorte en las partidas destinadas al transporte a través de subsidios?

Gerardo Ingaramo es el vicepresidente de Fatap, la federación nacional que reúne a las empresas de transporte de pasajeros de todo el país, y el referente de las firmas del interior. Para el empresario, “si no hay una respuesta urgente, habrá empresas que podrán contar con adelantos de las provincias o municipios, y otras no podrán afrontar el pago de salarios y el servicio naturalmente se va a paralizar”, advirtió.

Como se recordará, la problemática se agudizó con la caída del Presupuesto en el Congreso. Allí se había dispuesto una recomposición de los subsidios al transporte del interior del 70%. Es decir, había un crecimiento real del dinero que iban a percibir las empresas y eso les iba a posibilitar un 2022 con algo más de oxígeno. Sin embargo, todo eso se esfumó. Sin Presupuesto para este año, la Nación reconduce el del año pasado en donde estaban inscriptas partidas por 28 mil millones de pesos frente a los 46 mil millones que iban a recibir.

“Íbamos a recibir casi 4 mil millones mensuales para el interior a lo que las provincias debían sumarle otro 50% porque así estaba previsto con anterioridad. Son unos 6 mil millones que necesitaba el sistema en el interior para funcionar. Hoy no sabemos con cuánto vamos a contar ni cuándo”, explicó Ingaramo a Puntal.

Fatap espera un encuentro esta semana con funcionarios y con gremios para analizar la situación.

El empresario agregó que “por eso ahora hicimos un planteo de pedir 12 mil millones de pesos para enero, febrero y marzo y luego ver cómo sigue todo. Es más o menos lo que estaba previsto en el proyecto de Presupuesto que se cayó. Pero hasta acá no tenemos respuestas y naturalmente que nos preocupa porque se acerca la fecha de pago de salarios y no tenemos cómo afrontarlos”, remarcó.

La última partida que ingresó a las cuentas de las empresas de pasajeros del interior fue una de 3 mil millones a comienzos del mes pasado correspondiente a diciembre. Con eso se completaron los $ 28 mil millones al año.

Pero, como en otras oportunidades, el problema se centra en el interior y no en AMBA. Allí los mecanismos para que lleguen los recursos al sistema de transporte están aceitados y suman unos 19 mil millones de pesos mensuales. Eso permite al AMBA no sólo hacer frente a los salarios y demás gastos corrientes, sino también abre la posibilidad cierta de tener actualizado el parque automotor mediante la renovación de unidades. En definitiva, garantiza un mejor servicio a sus pasajeros que el que puede brindar el sistema en el interior.

Ingaramo remarcó esa brecha cuando este diario le consultó sobre los alcances del acuerdo con el FMI en el sector debido a que se abre la posibilidad de un recorte en subsidios en energía y transporte. “Lo que imaginamos es que si hay una quita de subsidios deberá concentrarse en AMBA porque la diferencia es muy significativa con respecto a lo que se ve en el resto del país. No es posible que allá el pasajero pague 18 pesos el boleto, con un promedio de 13 pesos, y en el resto del país se paguen 50 o 60 pesos. Hay que terminar con esa desigualdad. Por eso si hay que recortar subsidios no debe ser en el interior justamente”, explicó Ingaramo.

En ese sentido, el directivo de Fatap reclamó que haya “una participación de todos los actores porque con nuestra voz sola no alcanza. Por eso necesitamos que se comprometa el arco político, desde distintos lugares, provincias, municipios y Congreso”, indicó Ingaramo.

Por último, las empresas remarcan que luego de establecerse el monto que aportará la Nación, deberán transcurrir no menos de 15 o 20 días hasta recibir ese dinero en las empresas. Y una vez definido eso, se deberá contar con los aportes que hagan provincias y municipios, según corresponda. En el caso de las provincias, deberían aportar un 50% de lo que destina la Nación a cada distrito. Por eso la inquietud de los empresarios va en aumento porque la demora del área de transporte para despejar las incógnitas en realidad provoca un efecto cascada sobre el resto de los Estados subnacionales.

“El tema es que tenemos una dependencia muy fuerte de los subsidios nacionales porque de otra manera hoy no se puede funcionar, a nadie se le ocurre que podría circular un colectivo si cobrara lo que verdaderamente vale el viaje. Por ese motivo tenemos gran preocupación y necesitamos resolver esto cuanto antes”, explicó otro empresario del rubro ante una consulta sobre cómo avizora el funcionamiento en los próximos meses.

Esta semana, Fatap espera un encuentro con funcionarios y también con sindicatos para analizar la situación.