Dos internos de la cárcel de Río Cuarto cometían estafas telefónicas en Rosario

Tras la recepción de más de una treintena de denuncias, la Justicia rosarina inició una investigación hasta llegar a la asociación ilícita, en una primera instancia, incluye a ocho integrantes, con roles bien definidos dentro de la banda.

La jueza Valeria Pedrana imputó a la totalidad de los miembros, aunque estableció la prisión preventiva efectiva a seis integrantes mientras que a dos mujeres les otorgó la libertad bajo fianza de 50 mil pesos cada una.

En la investigación iniciada a principio del año pasado logró comprobar 27 hechos, de los cuales 21 se consumaron y otros seis fueron tentativas, pero fueron denunciados también por las supuestas víctimas.

La Justicia santafesina también determinó que otras cuatro mujeres que fueron investigadas durante el proceso recuperen la libertad con una fianza de 20 mil pesos cada una por prestar sus cuentas bancarias a fin de concretar las maniobras sin ser consideradas integrantes de la banda delictiva.

Las víctimas, en su mayoría, eran personas mayores de edad y les hacían creer que iban a recibir un retroactivo o una reparación económica, pero debían completar un trámite en el cajero automático.

En el lugar, los estafadores convencían a las víctimas -vía telefónica- para que transfirieran a una cuenta bancaria el dinero que tenían depositado o que tomen un crédito y luego lo transfieran.

En los considerandos de la resolución judicial, se indicó que en varias ocasiones lograron que las personas estafadas les otorgaran los números emitidos por el ticket del cajero para tramitar el token y así utilizar la cuenta de la víctima de manera remota a través de las claves de homebanking.

El fiscal Mariano Ríos Artacho logró determinar cada uno de los roles que tenía la banda comandada desde la Unidad Penitenciaria N° 6 de nuestra ciudad.

Especificó que la atribución de responsabilidad penal contra los imputados surge de los elementos recolectados a lo largo de un año y medio en una investigación con el entrecruzamiento de datos surgidos a partir de 27 denuncias similares.

A partir del análisis de registros de comunicaciones, seguimientos, escuchas telefónicas, rastreos de aparatos de telefonía celular, titularidad de líneas telefónicas y de cuentas bancarias radicadas en numerosas entidades así como todos sus movimientos, se logró identificar a los miembros del grupo delictivos.

La aceitada organización delictiva tenía su base de operaciones dentro del penal de Río Cuarto.

Según la acusación, el delito empezaba con un llamado al teléfono fijo de la víctima obtenido al azar de páginas web como “telexplorer.com”. Esas llamadas se realizaban desde celulares a los que les colocaban un chip con una línea prepaga pero registrada con datos falsos. El delincuente que llamaba se hacía pasar por un empleado de Anses y le manifestaba a la víctima que iba a ser beneficiaria de un retroactivo o una reparación económica por la mala liquidación de los haberes previsionales.

La estafa luego se consumaba desde el exterior de la cárcel y la ganancia se la dividían en partes iguales, aunque un porcentaje era destinado a la compra de los chips y otros elementos de la logística.

Uno de los detenidos se hacía pasar como Héctor Torres y el otro se hacía llamar Daniel Osvaldo Martínez. Ellos eran los encargados de realizar las llamadas telefónicas a las presuntas víctimas desplegando el ardid para lograr el engaño.

En el mismo rol de jefes también están otros tres hombres.

En el accionar delictivo también estaba la pareja de Héctor Torres, quien según la pesquisa se encargaba de buscar personas que facilitaran sus cuentas para dirigir el dinero que se obtiene de los hechos, comprar los chips de telefonía para llevarle al detenido, realizar la extracción y división del dinero quedándose con un porcentaje para guardarlo o “invertirlo”. Se encuentra detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria por ser madre de tres niños.

Una amiga de ella está acusada de prestar en reiteradas oportunidades la cuenta bancaria para el grupo delictivo.

La madre del sujeto que se hacía llamar Héctor Torres está involucrada en la organización, ya que facilitaba cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de dinero aunque también adquiría chips de telefonía, recibía giros de dinero y/o transferencias de terceros que facilitaban sus cuentas y realizaba la distribución del dinero con indicación de su hijo. Se encuentra detenida por disposición de la jueza del caso.

En ese sentido, la jueza Pedrana le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.

El mismo rol que la anterior cumplía la madre del detenido que se hacia pasar como Daniel Osvaldo Martínez. Recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 50 mil pesos. Su nuera también está involucrada en la organización, ya que era quien recibía dinero a través de Mercado Libre, Mercado Pago o una cuenta a su nombre además de realizar giros, retirar y distribuir el dinero. Quedó libre, tras el pago de una fianza.

Otras dos mujeres, una de ellas madre de otro integrante de la banda, están involucradas porque prestaron sus cuentas para cometer el delito.